https://doi.org/10.37815/rte.v34n1.902
Artículo original - Español
COVID-19 =
and
Migration: contributions to governance from the association of immigrant wo=
men
in Valencia (Spain)
Diana Ximena Tutista=
r
Rosero1 https://orcid.org/0000-0=
001-9306-107X,
Ana Muñoz Llorca2 https://orcid.org/0000-0=
003-1213-4842, Lucy Polo Castillo2
1
2
info.portimujer@gmail.com, asociacion.portimujer@gmail.com<=
span
style=3D'mso-bookmark:_Hlk61880979'>
Enviado: 2022/01/03
Aceptado: 2022/03/05
Publicado:
2022/03/15
Resumen
La
situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 trajo como consecuencia =
el
aumento de la vulnerabilidad social y económica en poblaciones vulnerables,
entre las que se destacan las mujeres inmigrantes, especialmente aquellas en
situación administrativa irregular. En un estudio realizado por la Asociaci=
ón
Por Ti Mujer, en el año 2020, se sistematizaron las experiencias vitales y
realidades vividas por el colectivo de mujeres inmigrantes latinoamericanas=
de
la ciudad de València y su área metropolitana, incidiendo en el impacto de =
la
crisis sociosanitaria consecuencia de la COVID-19, especialmente en lo
concerniente a las dimensiones laboral, económica y emocional, concluyendo =
que
dichas afectaciones vulneran el ejercicio de los derechos fundamentales. Co=
nsiderando
el papel de incidencia social y política que juegan las organizaciones del
tercer sector y, ante la constatada debilidad e insuficiencia de los sistem=
as
de protección social, desde su trabajo de investigación e incidencia con la
creación de este tipo de informes, la trayectoria de la Asociación Por Ti M=
ujer
constituye un ejemplo de buenas prácticas en la contribución a la gobernanza
democrática, a la construcción de políticas públicas, al fortalecimiento y =
la
defensa de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes y, a la
sensibilización y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Sumario: Introducción, Metodolog=
ía, Género
y migración: una aproximación sociodemográfica al contexto valenciano =
en
España, Gobernanza y Sociedad Civil: aportes desde la Asociación de
Mujeres Inmigrantes, Covid-19 y vulneración de derechos: un estudio de
caso sobre las mujeres inmigrantes en València (España) y Conclusiones. Como citar: Tu=
tistar,
D., Muñoz, A. & Polo, L. (2022). Covid-19 y Migración: aportes a la
gobernanza desde el asociacionismo de las mujeres inmigrantes en Valèn=
cia
(España). Revista Tecnológica - Espol, 34(1), 12-27.
=
Pa=
labras
clave: =
Asociac=
ionismo,
Gobernanza, Género, Migración, COVID-19, Buenas prácticas.
Abstract
The emergency situation caused by COVID-19 resulted=
in
an increase in social and economic vulnerability in vulnerable populations,
among which immigrant women stand out, especially those in irregular
administrative situations. In 2020, a study carried out by the “Por Ti Mujer
Association”, the life experiences=
and
realities lived by the group of Latin American immigrant women from the cit=
y of
Valencia, and its metropolitan area, were systematized. That greatly affect=
ed
the social and health crisis of the COVID-19 pandemic. It especially impact=
ed the
labor, economic, and emotional dimensions, concluding that their affects
violated the exercise of their fundamental rights. The role social and
political advocacy played by third sector organizations, the verified weakn=
ess
and insufficiency of social protection systems, research and advocacy work,=
and
these types of reports, the trajectory of the “Por Ti Mujer Association”
constituted an example of good practices. They also contributed to democrat=
ic
governance, the construction of public policy, the strengthening and defens=
e of
the human rights of immigrant women, and to raising awareness and strengthe=
ning
civil society.
Introducción
A menudo, las =
minorías
sociales más susceptibles de sufrir desprotección social e institucional
carecen de mecanismos para dar visibilidad social a las múltiples vulneraci=
ones
de derechos que viven en su día a día desde sus propios discursos, así como
para incidir sobre la agenda pública con el fin de plasmar sus necesidades =
en
las políticas públicas, como elemento fundamental para contribuir al cambio
social protagonizado por la ciudadanía en su diversidad. En esta línea, el
presente artículo pretende poner en valor el papel del tercer sector como
herramienta para contribuir a la gobernanza democrática, a la construcción =
de
las políticas públicas, al fortalecimiento y la defensa de los derechos hum=
anos
de las mujeres inmigrantes y, a la sensibilización y el fortalecimiento de =
la sociedad
civil.
A través de es=
ta
propuesta investigativa, se hace un análisis a la aportación de la Asociaci=
ón
Por Ti Mujer, en adelante APTM, desde su línea de investigación e incidencia
social como ejemplo de buenas prácticas de gobernanza. La APTM es una entid=
ad
sin ánimo de lucro, que trabaja desde el año 2009 en la ciudad de Valencia
(España) y su área metropolitana y en Colombia, con el fin de combatir las
causas estructurales que restringen y/o afectan al ejercicio de la ciudadan=
ía
de las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género y/o en riesgo de
exclusión psicosocial desde un enfoque de género, intercultural e
interseccional y basado en Derechos Humanos. Para ello, se parte de los
resultados del estudio de caso realizado por la organización en el año 2020=
y
plasmado en un informe de incidencia titulado ‘COVID-19: su impacto en las
mujeres inmigrantes en Valencia’. A través de este estudio, se sistematizan=
las
experiencias vitales y realidades vividas por el colectivo de mujeres
inmigrantes latinoamericanas de la ciudad de Valencia y su área metropolita=
na[1]<=
/a>,
incidiendo en el impacto de la crisis sociosanitaria consecuencia de la COV=
ID-19,
especialmente en lo concerniente a las dimensiones laboral, económica y
emocional.
De esta manera=
, el artículo
se estructura en diferentes apartados. En primer lugar, se presenta una bre=
ve
explicación sobre la metodología utilizada para la construcción del mismo y la elaboración del trabajo de campo en el
informe sobre el que se basa su análisis. Acto seguido, se aborda una
contextualización sociodemográfica sobre la situación de las mujeres
inmigrantes en València y su área metropolitana para englobar la realidad q=
ue
posteriormente será analizada. En tercer lugar, se encuentra el marco teóri=
co
sobre el que se sustenta la gobernanza democrática desde el asociacionismo =
de
las mujeres inmigrantes, luego se expone a modo de discusión, un análisis de
los resultados obtenidos en el informe de incidencia ‘COVID-19: su impacto en las mujeres inmigrantes de la ciudad de Val=
encia’,
como un ejemplo de buenas prácticas de gobernanza democrática desde el
tercer sector en España. Finalmente, se esbozan las principales conclusiones
obtenidas.
M
Para la elabor=
ación
del presente artículo de investigación hemos utilizado 3 técnicas de
recolección de datos tanto cualitativas como cuantitativas. En primer lugar=
, la
observación participante ha sido un elemento clave en la construcción del
análisis que se aborda en la presente investigación. La utilización de esta
técnica viene motivada por el particular hecho de haber sido construida por
mujeres investigadoras y profesionales del tercer sector, que realizan día a
día un trabajo de intervención directa y un acompañamiento con el colectivo=
de
mujeres que constituye el objeto de estudio de este artículo. De esta maner=
a,
de acuerdo con la definición de Corbetta
(2007:326-327), esta implicación cotidiana desde el ámbito profesional, per=
mite
a las autoras construir una visión “desde dentro” de la propia realidad soc=
ial
investigada, viviendo cómo y con las personas que acontecen su objeto de
estudio, compartiendo su cotidianidad para comprender su cosmovisión sobre =
el
mundo desde sus propios términos (ibid), lo que
contribuye a dotar, a las conclusiones obtenidas, de rigor y adecuación con=
la
realidad estudiada. En este sentido, epistemológicamente es importante
proyectar la investigación desde el conocimiento situado (Haraway,
1995), teniendo en cuenta las características subjetivas y contextuales que
rodean la construcción de esta investigación y a sus autoras.
En segundo lug=
ar, el
marco teórico sobre el que se fundamenta el análisis abordado se ha articul=
ado
a partir de una revisión bibliográfica, como se trata de las bases de datos
obtenidas en otras investigaciones enmarcadas en la misma temática o public=
adas
por instituciones públicas, a nivel nacional y autonómico de España y la
Con este fin, =
se
realizó un total de 170 entrevistas telefónicas semi-e=
structuradas
a mujeres inmigrantes bajo el criterio de un muestreo no-aleatorio. Todas e=
llas
provenían de América Latina, en su mayoría a Colombia, Venezuela y Honduras=
, y
sus edades son las comprendidas entre 19 y 74 años, siendo el rango de edad=
más
preponderante el formado por las mujeres que tienen desde 40 a 51 años, seg=
uido
de aquellas que tienen entre 29 y 39. El grupo de edad más infrarrepresenta=
do
es el formado por mujeres mayores de 62 años. Tal y como se relata en el
informe, la elección de la técnica de recogida de datos de la investigación
estuvo condicionada por la situación de confinamiento que se impuso en Espa=
ña
desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio de 2020, lapso temporal en el que=
se
ubica la recogida de datos. La entrevista fue conducida a base de un guion
estructurado de acuerdo a las dimensiones a abordar (situación administrati=
va,
brecha digital, mercado laboral, salud, situación socioeconómica, vivienda,
protección social y estabilidad emocional), lo que permitió la sistematizac=
ión
de las respuestas, para su posterior análisis cuantitativo de manera
triangulada con el resto de fuentes de informaci=
ón y
el marco teórico. Asimismo, señala el informe que, aún=
cuando el interés del estudio radica en lo experimentado a raíz del surgimi=
ento
de la COVID-19, también se les interrogó acerca de acontecimientos o vivenc=
ias
pasadas, pues éstas han condicionado las diferentes adaptaciones a la situa=
ción
(ibid).
Género y migración: una aproximación sociodemográfica al contexto valenciano en España<= /a>
Durante las últimas décadas, la consolida=
ción
de un nuevo orden socioeconómico en las sociedades contemporáneas ha
incrementado los flujos migratorios a escala global. En 2020, se estima que=
un
total de 2,5 millones de personas migraron a la Unión Europea desde otros
países no-comunitarios, siendo un total de 23 millones =
los
ciudadanos y ciudadanas procedentes de otros países no-comunitarios =
que
entonces residían en Europa (5,1% de la población) (Eurostat, 2020). España=
es
uno de los principales países europeos receptores de migración dadas las
características geográficas, culturales y de su tejido productivo, entre ot=
ros
factores. Como reflejo de ello, en 2020 fue el segundo país europeo después=
de
Alemania en recibir y tramitar más solicitudes de protección internacional =
y,
el tercero en recibir más solicitudes de visado para estancias de corta
duración tras Francia y Alemania (ibid).
En el ámbito mundial, España ocupa el déc=
imo puesto
en el ranking de países con más población inmigrante del Atlas de la Poblac=
ión
Mundial (2019) elaborado por G. Pison con 5,9
millones en 2015, lo que lo sitúa por detrás de Australia (6,7 millones) y =
por
delante de Italia (5,8 millones). Asimismo, cabe resaltar que el total de
población extranjera respecto al total poblacional es de 12,7%, cifra que se
acerca a la de los países que lideran este ranking, como es el caso de Esta=
dos
Unidos con 48,2 millones de inmigrantes, aunque esta cifra supone solo un 1=
5,1%
sobre su población total (ibid). De este modo,
mientras que a finales de la década de los 90 la proporción de población
extranjera en el Estado español oscilaba entre el 1 y el 2%, a 1 de enero de
2021, según consta en los datos del Padrón Continuo
obtenido por el Instituto Nacional de Estadística, esta cifra ha aumentado
hasta el 11,45%, lo que refleja el crecimiento progresivo de los flujos
migratorios a nivel nacional.
Actualmente, entre el total de la poblaci=
ón
extranjera en España predominan las personas provenientes de países del res=
to
de Europa (40,1%), Sudamérica (20,7%) y África (22%), siendo un 8,1% sobre =
la
población española total el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas de
nacionalidad de un país no-comunitario. A nivel general, el último Padrón <=
span
class=3DSpellE>Contínuo estima que la población extranjera en España=
está
compuesta en un 51,1% por hombres y en un 49,9% por mujeres, predominando e=
n su
total las personas provenientes de Marruecos, Rumanía y Colombia en su
respectivo orden, y habiendo incrementado su presencia considerablemente
respecto al año anterior los ciudadanos y ciudadanas
de Reino Unido (+6,5%), Colombia (+6,2%) y Honduras (+5,7%).
En cuanto a la Comunidad Valenciana o País
Valenciano, comunidad autónoma en España[2], donde
Por Ti Mujer desarrolla su actividad y marco contextual de la realidad
analizada en el presente artículo de investigación, siempre ha presentado
porcentajes de población extranjera mayores respecto a las medias nacionales
por su atractivo cultural, geográfico y de su tejido productivo para la
población inmigrante. De esta forma, mientras que a finales de la década de=
los
90 estos porcentajes oscilaron entre un 2 y un 3%, en 2020 se observa que e=
sta
cifra ha alcanzado el 14,92%, en especial en cuanto a la provincia de Alica=
nte,
donde conforma el 19,81% de la población total. A nivel general, se evidenc=
ia
que, del total de población extranjera en la Comunidad Valenciana, un 53,8%
proviene de países del resto de Europa, un 17,9% de África y, finalmente, 1=
6,5%
de Sudamérica. Sin embargo, ante las dificultades que encuentran muchas
personas inmigrantes a la hora de empadronarse en el municipio de residenci=
a,
hace falta triangular los datos demográficos enmendados tanto a escala
nacional, autonómica como europea, pues solo contabilizan el porcentaje de
población extranjera empadronada.
A pesar de que el sistema de extranjería
español es uno de los más flexibles de Europa, factor condicionante en la
creciente acogida de población inmigrante, se estima que buena parte de la =
población
extranjera que reside en el Estado español se encuentra en situación
administrativa irregular y, de este modo, indocumentada, a pesar de la
inexistencia de instrumentos para obtener cifras reales. Según el Informe
jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comuni=
dad
Valenciana (2018), en 2015 se estima que el 15,43% del total de población
extranjera que entonces residía en la Comunidad se encontraba indocumentada,
gracias a la obtención de la diferencia del total de extranjeros/eras
empadronadas y con permisos de residencia. Todavía así, los datos siguen si=
endo
una pequeña aproximación sobre la cifra real.
En este sentido, la dificultad para obten=
er un
permiso de trabajo y un salario digno para la población migrante hace que,
salvo excepciones, ésta se encuentre en riesgo de alta vulnerabilidad y en =
una
permanente situación de indefensión a nivel jurídico y social durante todo =
el
tiempo que dura su proceso de regularización administrativa, el cual suele
durar una media de 5 a 10 años cuando se realiza mediante la solicitud de
arraigo social. Muestra de esto, según el INE, es que la tasa de riesgo de
pobreza o exclusión social en la población no-comunitaria residente en Espa=
ña
es de un 56%, frente a un 23% de la población española en 2018.
Como reflejo de ello, el Diagnóstico soci= al de la Ciudad de València (2017) esclarece cómo la presencia de población extranjera ha incidido en la emergencia de nuevos perfiles sociales de población en riesgo de pobreza o exclusión social. En esta línea, el estudio correlaciona la presencia de mujeres o personas extranjeras en los hogares = con un mayor riesgo de exclusión social, especialmente en cuanto al riesgo de pobreza monetaria. Esta situación hace especial referencia a los hogares do= nde las mujeres son cabezas de familia, y se encuentran vinculadas de manera precar= ia al mercado laboral, característica propia de la situación laboral de un gran número de mujeres migrantes, las cuales se encuentran mayoritariamente vinculadas en el sector del trabajo doméstico y de los cuidados. Sobre la situación social, en términos generales, en la ciudad de València se observa una intensa desigualdad en los ingresos de los hogares, concluyendo que una cuarta parte de éstos se encuentra en situación de vulnerabilidad (ibid.).<= o:p>
Paralelamente, la situación de indefensió=
n y
vulnerabilidad impuesta por la condición migratoria, hace, además, que las
mujeres inmigrantes sean triplemente vulnerables ante la violencia de géner=
o,
sobre todo por el temor al hecho de que su situación administrativa en Espa=
ña
se pueda ver afectada a consecuencia de la denuncia de los hechos, de la
solicitud de una orden judicial de protección o del final de su relación
matrimonial o de pareja con el maltratador, lo cual, lamentablemente, en mu=
chas
ocasiones acaba para obligarla a guardar silencio y normalizar y convivir c=
on
el maltrato. Así pues, las mujeres inmigrantes -como mujeres y como
inmigrantes- constituyen uno de los colectivos sociales potencialmente más
vulnerables, sobre todo cuando se trata de mujeres en situación administrat=
iva
irregular.
Todas las cifras analizadas tienen como
trasfondo el fenómeno que, por excelencia, ha caracterizado los flujos
migratorios contemporáneos: la feminización de las migraciones y la feminiz=
ación
de la pobreza (De Haas, Castles
y Miller, 2019; Murguialday, sf). La consolidac=
ión
del nuevo modelo de desarrollo socioeconómico globalizado contribuyó, desde=
la
década de los 60, a la consolidación de los Estados del bienestar y a la
industrialización de los países en el Norte Global. Paralelamente, los país=
es
del Sur Global se han visto cada vez más estratificados socioeconómicamente,
dando lugar a crisis humanitarias y múltiples vulneraciones de derechos
fundamentales. En este escenario, la crisis de cuidados que se generó en el
Norte Global a raíz de la creciente incorporación de las mujeres al mercado
laboral, como necesidad productiva del sistema junto y la ausencia de polít=
icas
públicas de conciliación, especialmente en los Estados del Bienestar de tipo
Mediterráneo
Concretamente en España, según datos del
Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad (s=
f), la inmigración femenina aumentó en un 417%=
entre
el año 1991 al 2001 ante las condiciones de bonanza socioeconómica aconteci=
das
en esa época en el país, cifra que posteriormente se estabilizó con el aume=
nto
de la migración masculina incentivada por otros factores y el impacto de la
crisis financiera de 2008. De otra parte, datos de la Encuesta de Población
Activa del INE de 2020 indican la sobrerrepresentación de mujeres inmigrant=
es
en los “servicios de restauración, personales, protección y vendedores”
(39,1%) y “ocupaciones elementales=
”[4]
(42,9%), frente al de “Directoras y gerentes”, donde las mujeres españolas
suponen un 3,1% y las extranjeras un 0,8%. Sin embargo, tal y como se matiz=
a en
el Informe la COVID-19: su i=
mpacto
en las mujeres inmigrantes de la ciudad de València (Asociación
Por Ti Mujer, 2020), estos datos “=
sufren
una distorsión relativa a la gran cantidad de mujeres que se encuentran en
situación irregular en España y la Comunitat
Valenciana”, vinculadas al mundo laboral desde la economía sumergida de man=
era
que, los datos oficiales infrarrepresentan la cantidad de mujeres dedicadas=
al
cuidado.
Según el informe Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de
desigualdad publicado por Intermón Oxfam (2020) "el valor económico
del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las
mujeres de 15 o más años asciende al menos a 10,8 billones de dólares anual=
es,
una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología&q=
uot;,
lo que equivale a un 14,9% del PIB. Además, España es uno de los países que=
aún
no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo, lo=
que
supone que las condiciones laboral=
es en
este sector tienden a ser abusivas, generando dinámicas discriminatorias que
terminan socavando el bienestar emocional, convirtiéndose en fuente de ansi=
edad
y estrés, especialmente de aquellas mujeres que se encuentran en una situac=
ión
administrativa irregular (Red Acoge, 2017), atravesadas tanto por el sistem=
a de
opresión patriarcal como racista.
Según Oso y Martínez (2008), factores com=
o el
idioma, la cercanía cultural o el estigma de ser “dulces, abnegadas o
pacientes”, hace que las mujeres latinoamericanas sean el perfil de
contratación más demandado en este nicho laboral en España, especialmente e=
n lo
que respecta a las mujeres peruanas. En contraste, “las dominicanas o
colombianas encuentran más dificultades en el acceso, estas últimas por la
vinculación simbólica que las asocia con el narcotráfico y la prostitución”
(Asociación Por Ti Mujer, 2020), de manera que “la mujer inmigrante trabaja=
dora
se enfrenta al prejuicio que la vincula irremediablemente a tareas relativa=
s a
la reproducción social, pues su condición de mujer y de inmigrante le dific=
ulta
sobremanera el acceso a puestos de mayor cualificación, independientemente =
de
su formación y experiencia previa (OIM, 2015, citado en Asociación Por Ti
Mujer, 2020).
En definitiva, “la estructura social espa=
ñola y
los discursos articulados en torno a la migración, generan una división sex=
ual
y étnica del trabajo que encapsula al colectivo de mujeres inmigrantes en
ocupaciones que, siempre giran en torno a la órbita del cuidado o la limpie=
za,
sin importar el capital cultural que muchas mujeres detentan” (ibid). El condicionante migratorio es pues un alto fa=
ctor
de vulnerabilidad que, junto con el género, expone a las mujeres inmigrante=
s a
sufrir toda una serie de opresiones y violencias desde sus interseccionalid=
ades
(Crenshaw, 2017). Así, tanto el Estado como los
organismos internacionales, a pesar de los múltiples tratados en materia de
derechos humanos de las mujeres y las personas inmigrantes ratificados a ni=
vel
internacional, niegan a este colectivo su posibilidad de ejercer de forma
activa su ciudadanía y de hacer efectivos a sus derechos humanos, desde la
total indefensión jurídica y social en la que se ven inmersas especialmente
cuando su condición administrativa es irregular.
Gobernanza
y Sociedad Civil: aportes desde la Asociación de Mujeres Inmigrantes
La gobernanza implica nuevas formas de
gobernar, sustentada en una cooperación e interacción entre diversos actores
(Peters y Pierre, 1998; Kooiman, 2002; Ingraham=
y
Lynn, 2004; Mayntz, 2001; Rosenau y Czempiel, 1992). Pasar de una visión unidireccional e=
ntre
gobernados y gobernantes, a una bidireccional y multilateral donde los acto=
res
son interdependientes (Aguilar, 2007 y 2010; Prats, 2003; 2004; 2005; Kooiman, 1993; 2003; 2005; Mayntz, 2001; 2003). Este
contexto democrático lleva inmerso un conflictos=
de
intereses y el establecimiento de relaciones de poder de los diferentes act=
ores
implicados (Castells, 1998), de ahí que sea imprescindible una deliberación=
e
implicación ciudadana pluralista -de proximidad y conformación de redes
locales- (Blanco y Gomà, 2003; Brugué,
Gomà y Subirats, 2001). En este escenario, la
sociedad civil organizada, destacando a las Asociaciones, podría jugar un r=
ol
importante a la hora de dar respuesta a las demandas societales inmersas en=
una
realidad diversa, compleja y dinámica.
La APTM viene desarrollando diversos prog=
ramas
y proyectos con el fin de combatir las causas estructurales que restringen o
afectan al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres inmigrantes, víctimas =
de
violencia de género y/o en riesgo de exclusión psicosocial, tanto en Valènc=
ia y
su área metropolitana como en Colombia. Para ello, la entidad brinda de man=
era
integral y gratuita una serie de servicios especializados dirigidos a este
colectivo de mujeres, en el caso de talleres y cursos de formación y servic=
ios
de atención directa e individualizada a nivel jurídico, sociolaboral y
psicológico. Todos ellos se proyectan de manera transversal desde un enfoqu=
e de
género, intercultural, interseccional y basado en Derechos Humanos.
=
Desde el
ámbito de la migración, se destaca
la participación e incidencia en otros niveles más allá del contexto local,=
ya
que la APTM forma parte del Lobby Europeo de Mujeres en España y de =
la Platform for Internationa=
l Cooperation on Undocumented Migrants (PI=
CUM) y
es representante en España de la European Netwo=
rk of Migrant Women
(ENoWM). Desde el fortalecimiento de una ciudad=
anía
activa, en este ámbito se distingue también su adhesión al Movimiento #RegularizaciónYa, un movi=
miento
ciudadano que surge a nivel estatal con la instauración del Estado de Alarm=
a en
marzo de 2020 y, aboga por una “regularización sin condiciones ni exclusion=
es
para las personas en situación irregular, invisibles ante toda política de
protección social”[5]. Gracias al apoyo de más de 1500 organizaciones de todo el país, es=
te
movimiento ha puesto en el centro del debate social y político la necesidad=
de
hacer un replanteamiento integral de las políticas sociales y migratorias
(ibid.).
En definitiva, la presencia de la APTM en=
este
tipo de espacios, favorece la posibilidad de rea=
lizar
un trabajo de incidencia social y política mediante el cual poder contribui=
r a
incorporar en la agenda política las necesidades y problemáticas de las muj=
eres
inmigrantes, con el fin de que se hagan efectivos sus derechos y el ejercic=
io
de una ciudadanía activa y comprometida para garantizar una vida libre de
violencias. Como asociación de mujeres, la APTM ha logrado posicionarse en =
el
escenario político y ha contribuido en los procesos de fortalecimiento de la
gobernanza local, convirtiéndose en ese actor de proximidad al colectivo
migrante, en tanto se constituye no solo en un espacio para canalizar y
resolver algunas demandas específicas, sino más bien, como ese espacio de
participación que ayuda a la consolidación de una sociedad civil más fuerte,
que permite a las mujeres inmigrantes residentes en València, encontrarse,
identificarse y constituir redes, vínculos y alianzas para aumentar su capi=
tal
social (Putnam et al, =
1993;
Bourdieu, 2006).
Adicionalmente, en esta misma línea, la
Asociación cuenta con una línea de publicaciones[6] en las
que se reflejan y ponen en valor las realidades vividas por sus usuarias de=
sde
sus propios discursos y los procesos de acompañamiento que se les brinda de=
sde
Por Ti Mujer. De esta manera, desde Por Ti Mujer se pretende poner en valor=
el
papel del tercer sector como herramienta para contribuir a la gobernanza
democrática, la construcción de la política pública, el fortalecimiento y la
defensa de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes en València y
también, la sensibilización y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Específicamente, en el presente texto se incluye el trabajo de campo realiz=
ado
por la organización ante el gran impacto ocasionado por la pandemia de la C=
OVID-19,
en el que se sistematiza de qué manera la situación de las mujeres inmigran=
tes
se ha visto afectada de manera económica, social y emocional.
Finalmente se señala que, cuando se enfre=
nta ante un fenómeno tan complejo y dinámico, el Estado ya=
no
debe ser el único actor para resolver las demandas societales; sino más bie=
n,
debe asumir un papel activo de animación, facilitación y coordinación.
Entendiendo que, la gobernanza no implica necesariamente una disminución de=
los
roles del gobierno (Prats, 2005); sino más bien, un cambio del rol asumido =
(Kooiman, 2005: 58). Un rol que propenda por la genera=
ción
de espacios para la participación y el fortalecimiento de asociaciones
público-privadas (de diversos tipos y alcances) (Mayntz; 2001; Prats, 1996),
comprometiendo no solo las capacidades y los recursos, sino también las
responsabilidades. Con estas líneas de actuación se fomenta la construcción=
de
una serie de propuestas que fortalecen las políticas públicas, como buena
práctica de incidencia social, para que, desde una proyección local (Robertson, 1993), pueda replicarse desde ot=
ros
contextos y lugares.
COVID-19
y vulneración de derechos: un estudio de caso sobre las mujeres inmigrantes=
en
Valencia (España)
En conexión con la metodología descrita e=
n el
apartado 2 y a modo de discusión, a continuación, se exponen los principales
resultados obtenidos en el análisis de los datos cuantitativos obtenidos po=
r la
Asociación Por Ti Mujer (2020a) a raíz del informe de incidencia ‘COVID-19:=
su
impacto en las mujeres inmigrantes de la ciudad de València’. El análisis
brinda al lector/ora una visión panorámica acerca de la vulneración de dere=
chos
de las mujeres inmigrantes generada por esta crisis sociosanitaria desde el
estudio de caso realizado por la organización, en el que participaron 170
mujeres de la ciudad de València y su área metropolitana.
Dentro la línea de incidencia e investiga=
ción
de la APTM, el informe constituye así un referente de buenas prácticas de
gobernanza desde el asociacionismo y el tercer sector en el ámbito del géne=
ro y
la migración al dar voz y visibilidad a las realidades vividas por las muje=
res
inmigrantes desde sus propios discursos y, plantear una serie de conclusion=
es y
recomendaciones enfocadas a hacer incidencia sobre la agenda política públi=
ca y
promover la sensibilización de la sociedad civil.
Los resultados del estudio han evidenciad=
o un
claro impacto de la COVID-19, no solo en la salud de las mujeres sino en las
dimensiones sociales, económicas y administrativas de su vida cotidiana de
manera transversal, concretamente en lo que respecta al acceso al mercado
laboral, a la vivienda, a la internet y a la salud mental y emocional. Las
situaciones que se describen han agravado una situación de vulnerabilidad q=
ue
ya existía y que ha repercutido en el aumento de la precarización de sus vi=
das,
manifiesta por las múltiples discriminaciones de las que son objeto mujeres=
y
en específico las mujeres inmigrantes, por razones de género, etnia, clase
social, etc. De hecho, un 75,7% de las mujeres que participaron en el estud=
io
ya consideran encontrarse en una situación más vulnerable por el hecho de s=
er
mujer.
Mercado laboral
En relación al ámbito
laboral, el confinamiento ha afectado con mayor incidencia al colectivo
femenino, relacionado principalmente por la dificultad en la conciliación
familiar, laboral y personal, por el aumento del riesgo a padecer situacion=
es
de violencia de género y la dificultad de acceso a determinados empleos. Fr=
ente
al mercado laboral, se pudo constatar que la gran mayoría de ellas está sin
empleo (76,5%). El 60,6% estaba desempleada antes de la COVID-19 y el 15,9%=
de
estas mujeres ha perdido su trabajo a causa de la crisis económica sobreven=
ida
por la pandemia.
Entre tanto, de las mujeres ocupadas, sol=
o el
8,2% está empleada con un contrato de trabajo en regla y, el otro 15,3%
desarrollan su actividad sin un contrato laboral regularizado, con todo lo =
que
ello implica en términos de cotizaciones, el acceso a subsidios por desempl=
eo,
y en general, el acceso a sus derechos laborales. Así mismo, hay que destac=
ar
que la mayoría de las mujeres que manifestaron estar trabajando (23,5%), lo
hacen a través de un trabajo temporal y en algunos casos, no superan las 10
horas semanales, lo que genera una precariedad laboral y una inestabilidad =
de
la economía familiar difícil de subsanar.
En concordancia con lo que se refleja en =
la contextualización
elaborada en el apartado 3, frente a las áreas de trabajo, como es la tende=
ncia
de ocupación de las mujeres inmigrantes en España, las categorías laborales
predominantes son las de limpieza, empleada doméstica a nivel interno, y en
general, empleada del hogar y los cuidados, agrupando a un 80,2% de las muj=
eres
que participaron en el estudio. En el caso de las mujeres que ejercen el
trabajo de cuidados como internas (22,7%), sus jornadas laborales suelen
exceder las 60 horas semanales, lo que supone una clara vulneración a sus
derechos.
En general, las mujeres presentan unas
precarias condiciones laborales, lo que aumenta su vulnerabilidad. Sus ingr=
esos
resultan ser insuficientes para hacer frente a sus necesidades vitales, tan=
to
de ellas mismas, como de sus familias que viven en el lugar de destino, como
para sus familias en el país de origen. Como se observa en el Figura 1, el
64,7% de las mujeres encuestadas no recibe ningún tipo de ingresos, y
únicamente el 2,4% percibe entre 801 y 1.100 euros. El porcentaje de mujeres
encuestadas que ingresa más de 1.100 euros al mes representa solamente el 0=
,6%.
De los ingresos percibidos se destaca que en su
mayoría, están destinados a cuatro categorías, tres relacionadas con el hog=
ar
en destino: alimentación (33,3%), alquiler (29,1%) y pago de suministros y
servicios básicos (19,5%) y una con el hogar en origen, a través del envío =
de dinero
a sus familias (6,6%), lo que nos demuestra la importancia de las remesas en
las economías de países de origen y destino. Estas situaciones se hacen
evidentes, además, cuando en su percepción el 78,7% de las mujeres que
participaron del estudio, manifiestan tener dificultades para llegar a fin =
de
mes.
Figura 1=
Fuente: elaboración propia
De todos los asuntos relacionados con el =
empleo
es el área que más preocupa a las mujeres (34,3%), seguido de dos elementos
asociados, como la generación de ingresos para el pago de la vivienda (28,8=
%) y
la crisis económica ocasionada por la pandemia (20,15%). Por su parte, la
salud, la educación de sus hijas/os y la conciliación familiar y laboral oc=
upan,
entre sus preocupaciones un lugar rezagado, con un 7,1%, 5,6% y 2,8%,
respectivamente. En este sentido, llama la atención, que pese a que el 34,3=
% de
las mujeres del estudio presentan una situación administrativa irregular (s=
in
documentación), solo al 1% de estas mujeres, la condición administrativa
signifique una preocupación, alejando de sus percepciones también de otros
asuntos, educación (2,4%), la salud (2,9%) por la considerable cobertura bá=
sica
que tiene el Estado del Bienestar español, a pesar de haber sido clasificado
dentro del Modelo Mediterráneo de acuerdo con el criterio de Esping-Andersen
(1993) y de las restricciones impuestas por la política administrativa de
extranjería. En este sentido, cabe destacar de nuevo que España constituye =
uno
de los países con una ley de extranjería más laxa.
Acceso a la vivienda
Tal y como señala la APTM (2020a), las
condiciones de habitabilidad de las viviendas se han configurado como un el=
emento
crucial a la hora de evaluar el impacto de la COVID-19 en la población, sob=
re
todo durante el período en que fue decretado el Estado de Alarma. En este
sentido, resalta la ONU (2018, citada en ibid.), un entorno doméstico óptimo
ayuda a prevenir enfermedades y promueve la resiliencia de las comunidades.=
Por
el contrario, una insuficiencia de suministros y de saneamiento expone a los
convivientes a numerosas enfermedades, entre las que se encuentran las
transmisibles. Otros problemas son desencadenados por la contaminación del
aire, la contaminación acústica, el coste elevado de la calefacción, el ami=
anto
o el hacinamiento que sufren muchos barrios del país (ibid.). El confinamie=
nto
ha reabierto el debate sobre la vivienda, pues se ha puesto de manifiesto la
importancia de ésta a la hora de garantizar una vida plena.
El alto precio de la vivienda en el terri=
torio
español, evidencia que tan solo un 3,6% de las mujeres encuestadas tiene
vivienda propia y su pago constituye una de las principales preocupaciones =
de
todas ellas (34,3%), como ya se ha señalado en el anterior apartado. La
práctica totalidad de ellas hace uso de la modalidad en alquiler, ya sea
alquilando solo una habitación en un piso compartido (41,7%) o una vivienda
entera para habitarla con el núcleo familiar (50%). Se destaca que el 4,8% =
de
las mujeres viven en casas de acogida, destinadas por los gobiernos para ser
ocupadas principalmente por víctimas de violencia de género o en riesgo de
exclusión social.
Brecha digital
Señalaba el ex Relator Especial de las Na=
ciones
Unidas, Frank La Rue, que “Internet es uno de los instrumentos más poderosos
del siglo XXI para aumentar la transparencia en la conducta de los poderoso=
s,
el acceso a la información y facilitar la participación
activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades democrátic=
as”
(APC, 2016). En este aspecto, la APTM (2020c) resaltaba en su campaña de
sensibilización ‘Internet es un derecho’ que tanto la falta de alfabetizaci=
ón
digital y de acceso a la compra y mantenimiento de dispositivos y del servi=
cio
de internet en los colectivos sociales más vulnerables, como se trata de las
mujeres inmigrantes, especialmente cuando se encuentran en una situación de
violencia y en situación administrativa irregular, afecta gravemente al
ejercicio de sus derechos más fundamentales, como el derecho a la informaci=
ón,
la participación, la educación, a un trabajo digno, al ocio y a la cultura =
o a
la no discriminación, entre muchos otros, por lo que debemos de dejar de co=
nsiderarlo
un lujo.
Frente al 5,5% de las mujeres encuestadas=
que
manifestaron presentar dificultades para el acceso a internet, se ha
profundizado en este elemento, debido al papel que ha protagonizado en el
contexto actual. La Internet se ha convertido en un elemento fundamental pa=
ra
la continuación de una multitud de actividades desarrolladas por la APTM que
anteriormente realizaba de manera presencial, convirtiéndose en un medio pa=
ra
el ejercicio laboral y formativo. Más allá de estos ámbitos, con la pandemi=
a la
internet se ubicó como uno de los medios de comunicación masiva, de ocio y
entretenimiento para las familias (Asociación Por Ti Mujer, 2020a). Una
herramienta que contribuyó en aminorar la carga emocional que suponía el
confinamiento social y preventivo (ibid).
Sin embargo, para las mujeres inmigrantes=
este
acceso fue uno de los obstáculos que tuvieron que afrontar; si bien solo el
0,6% de las mujeres encuestadas no tenía ningún tipo de acceso, la mitad de
ellas tenía un acceso limitado. El 43,5% de estas mujeres acceden al servic=
io a
través de la disposición de datos con su telefonía móvil o recibe la señal =
de
WIFI por medio de una clave prestada (4,7%); situación que no permite
garantizar el acceso a una Internet estable e ilimitado como el que demanda=
la
situación de pandemia, quedando al margen de contar con un soporte que perm=
ita
descargar contenido digital y multimedia, y en
consecuencia, ahondando la brecha digital. La otra mitad (51,2%), tienen un
contrato con empresas prestadoras de servicios de internet en sus casas.
COVID-19 y salud mental y emocional
El Estado de Alarma y la situación de
confinamiento que llevó implícito, provocaron unas consecuencias negativas =
en
la salud mental y física de muchas personas. Prácticamente, la totalidad de=
las
mujeres encuestadas reconocen una afectación en la situación emocional (95,=
3%).
De la diversidad de alteraciones emocionales manifiestas (ver Figura 2), se
destacan con mayor preponderancia: el trastorno del sueño (68,82%), seguido=
del
trastorno de ansiedad (61,18%) y el estrés (58,82%). Es de anotar que la
pérdida de sociabilidad, percibida en el 53,18% de las mujeres, está asocia=
da a
los sentimientos de soledad y desamparo. La tristeza y el miedo de forma
aislada pero mayoritariamente simultánea, con un 24,71% y 21,76%,
respectivamente.
Todas estas alteraciones se encuentran
atravesadas por el duelo migratorio que marcan los primeros años de estanci=
a en
la sociedad de acogida de las personas migrantes en su proceso de integraci=
ón,
al carecer de capital social y de redes de apoyo y de cuidados en la socied=
ad
de acogida y/o al haber dejado a hijos/as u otros familiares económicamente
dependientes en la sociedad de origen. En este caso, a este duelo debemos de
sumar el impacto emocional generado a raíz de la pandemia y la dificultad
añadida en el acceso a los servicios básicos y, al aumento de la situación =
de
vulnerabilidad socioeconómica.
Por lo general, los servicios de salud me=
ntal
públicos tienen en España una cobertura muy residual. Además, durante la
pandemia se han visto profundamente desbordados, lo que ha afectado a la
calidad y efectividad del servicio, de manera que tanto la población en gen=
eral
como las minorías sociales más vulnerables, como se trata de las mujeres
inmigrantes participantes en el estudio, especialmente aquellas que en aquel
momento se encontraban en situación administrativa irregular, han tenido un
acceso muy limitado a la intervención y acompañamiento por parte de un o una
profesional. En este sentido, cabe señalar cómo el único recurso al que ha
tenido fácil acceso este colectivo, ha sido a la
intervención psicológica brindada desde el tercer sector, a través de
organizaciones como se trata de Por Ti Mujer.
Figura 2=
Porcentaje de respuestas de las entrevistadas ante la pregunta= ‘¿A partir de la COVID-19 has presentado alguna de las siguientes alteraciones?= ’
Fuente: elaboración propia
Los procesos migratorios y, en específico, la feminización y la pobr=
eza
asociada a este fenómeno, requiere cambios en las formas tradicionales de
gobernar. Frente a su dinámica y complejidad, es necesario replantear los r=
oles
de los actores presentes en el territorio para dar una respuesta adecuada a=
las
necesidades y las demandas que les son implícitas. En este contexto, las
Asociaciones de Mujeres Inmigrantes, como parte de la sociedad civil
organizada, se constituyen en un actor importante a la hora de negociar,
definir y consensuar acuerdos que contribuyan en la construcción de las
políticas públicas, en la medida en que sus líneas de actuación no solo bus=
quen
la satisfacción de las necesidades básicas e inmediatas, sino más bien, log=
ren
establecer mecanismos de participación e incidencia política, en distintos
ámbitos y niveles, que permitan el acceso y la garantía de los derechos
humanos.
La deliberación e implicación de diversos actores, además de fortale=
cer
los procesos de gobernanza, potencializa e incrementa el capital social en =
el
territorio. Un elemento que cobró especial trascendencia en el contexto de =
la
actual crisis social, sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19. Es =
de
anotar que, si bien los datos
demuestran que la pandemia ha tenido una repercusión negativa en toda la
población; es en los colectivos que presentan una situación de mayor
vulnerabilidad, como las mujeres inmigrantes, donde se ha presentado una ma=
yor
incidencia, en especial en lo que respecta al acceso al mercado laboral, la
vivienda, a internet o a la salud mental y emocional. Las situaciones de
desigualdad estructural que hacen parte del contexto, la precariedad de las
condiciones de trabajo y la menor remuneración económica que perciben, asoc=
iados
principalmente al área de trabajo donde mayormente desempeñan sus tareas co=
mo
son el ámbito del hogar y los cuidados, han sido algunas de las circunstanc=
ias
que se han visto agravadas en la vida de las mujeres inmigrantes en general=
, y
en mayor medida en las mujeres en situación administrativa irregular.
La crisis de l=
a COVID-19
también ha evidenciado la debilidad de los sistemas de protección social,
mostrados incapaces de garantizar las necesidades poblacionales. Las medida=
s de
reconstrucción que se prevén para salir de la crisis, d=
eben
por tanto, promover acciones integrales, que consideren las situaciones
estructurales que generan la desigualdad, la discriminación y la vulnerabil=
idad
existente. Esto implica la aceptación, que frent=
e a la
complejidad de los procesos, se hace necesaria la articulación de los diver=
sos
actores, que permitan avanzar en la cohesión, la coordinación, la cooperaci=
ón y
la integración. El Estado ya no puede ser el único actor en la formulación =
de
las políticas, sino más bien, debe garantizar la generación de espacios par=
a la
participación y el fortalecimiento del trabajo en red y alianzas con otros
actores, públicos y privados, garantizando no solo la existencia de los
recursos, técnicos y económicos, sino también, el fortalecimiento de las
capacidades y las responsabilidades de otros actores implicados, en los que=
las
asociaciones, por su proximidad, podrían jugar un papel preponderante.
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[1]=
El Á=
rea
metropolitana de Valencia conforma una red urbana organizada en torno a la
costa central de la Comunidad Valenciana, y más concretamente alrededor de =
la
ciudad principal de Valencia. Se trata de la tercera aglomeración en número=
de
habitantes de España, con 1.581.057 (2020) de habitantes aunque al no exist=
ir
una definición oficial sobre la misma, sí existen distintos estudios cuyos
resultados varían (Más información en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valencia).
[2] Desde 1978, España es un
Estado descentralizado distribuido territorialmente por diferentes Comunida=
des
Autónomas con cierto grado de competencia y capacidad de autogobierno en
algunas materias, como se trata de sanidad o educación. Cada Comunidad Autó=
noma
está compuesta por al menos una provincia y una capital de provincia.
[3] Esping Andersen (1993)
clasifica este modelo de Estado del Bienestar a los países que tuvieron un
desarrollo social e industrial más tardío (entre 1970 y 1980), como se trat=
a de
Grecia, Italia, Portugal y España. Se caracteriza porque la familia sea el =
principal
núcleo proveedor de bienes y servicios a nivel social, con una intervención
subsidiaria del Estado sobre el mercado.
[4] Aquí se incluyen profes=
iones
que van desde ayudantes de cocina hasta lavadoras de vehículos, limpiadoras=
y
asistentes de oficinas y hoteles o peones de explotaciones agrícolas o
ganaderas.
[5] Se propon=
en 13
medidas que interpelan al gobierno, instándole a resolver cuestiones pendie=
ntes
como la sistemática desatención o denegación de solicitudes de asilo, la
violencia que es ejercida hacia las y los menores no acompañados o el
deficiente funcionamiento del sistema de atención de extranjería. Para más
información consultar la web oficial del movimiento: https://regularizacionya.com/
[6] Se destaca la publicación de d=
os
informes: 1. Covid-19: su impacto e=
n las
mujeres inmigrantes de la ciudad de València (Asociación Por Ti Mujer,
2020a), 2. Violencia sexual a mujer=
es
inmigrantes del sector de los cuidados (ibid, 2020b) o la 3. Campaña ‘Internet es un derec=
ho’
(ibid, 2020c). Más información en la bibliografía.
5
Covid-19 y Migración: apo=
rtes
a la gobernanza desde el asociacionismo de las mujeres inmigrantes en
València (España)