https://doi.org/10.37815/rte.v34n1.902

Artículo original - Español

COVID-19 y Migración: aportes a la gobernanza desde el
asociacionismo de las mujeres inmigrantes en Valencia (España)

COVID-19 and
Migration: contributions to governance from the association of immigrant women
in Valencia (Spain)

Diana Ximena Tutistar
Rosero1 https://orcid.org/0000-0001-9306-107X,

Ana Muñoz Llorca2  https://orcid.org/0000-0003-1213-4842, Lucy Polo Castillo2

1Universidad de Valencia, Valencia, España

[email-masked]

2Asociación Por Ti Mujer, Valencia,
España

[email-masked], [email-masked]

Enviado:         2022/01/03

Aceptado:       2022/03/05

Publicado:
2022/03/15

Resumen

La
situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 trajo como consecuencia el
aumento de la vulnerabilidad social y económica en poblaciones vulnerables,
entre las que se destacan las mujeres inmigrantes, especialmente aquellas en
situación administrativa irregular. En un estudio realizado por la Asociación
Por Ti Mujer, en el año 2020, se sistematizaron las experiencias vitales y
realidades vividas por el colectivo de mujeres inmigrantes latinoamericanas de
la ciudad de València y su área metropolitana, incidiendo en el impacto de la
crisis sociosanitaria consecuencia de la COVID-19, especialmente en lo
concerniente a las dimensiones laboral, económica y emocional, concluyendo que
dichas afectaciones vulneran el ejercicio de los derechos fundamentales. Considerando
el papel de incidencia social y política que juegan las organizaciones del
tercer sector y, ante la constatada debilidad e insuficiencia de los sistemas
de protección social, desde su trabajo de investigación e incidencia con la
creación de este tipo de informes, la trayectoria de la Asociación Por Ti Mujer
constituye un ejemplo de buenas prácticas en la contribución a la gobernanza
democrática, a la construcción de políticas públicas, al fortalecimiento y la
defensa de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes y, a la
sensibilización y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Sumario: Introducción, Metodología, Género
y migración: una aproximación sociodemográfica al contexto valenciano en
España, Gobernanza y Sociedad Civil: aportes desde la Asociación de
Mujeres Inmigrantes, Covid-19 y vulneración de derechos: un estudio de
caso sobre las mujeres inmigrantes en València (España)  y Conclusiones.

Como citar: Tutistar,
D., Muñoz, A. & Polo, L. (2022). Covid-19 y Migración: aportes a la
gobernanza desde el asociacionismo de las mujeres inmigrantes en València
(España). Revista Tecnológica - Espol, 34(1), 12-27. http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/902

Palabras
clave: Asociacionismo,
Gobernanza, Género, Migración, COVID-19, Buenas prácticas.

Abstract

The emergency situation caused by COVID-19 resulted in
an increase in social and economic vulnerability in vulnerable populations,
among which immigrant women stand out, especially those in irregular
administrative situations. In 2020, a study carried out by the “Por Ti Mujer
Association”,  the life experiences and
realities lived by the group of Latin American immigrant women from the city of
Valencia, and its metropolitan area, were systematized. That greatly affected
the social and health crisis of the COVID-19 pandemic. It especially impacted the
labor, economic, and emotional dimensions, concluding that their affects
violated the exercise of their fundamental rights. The role social and
political advocacy played by third sector organizations, the verified weakness
and insufficiency of social protection systems, research and advocacy work, and
these types of reports, the trajectory of the “Por Ti Mujer Association”
constituted an example of good practices. They also contributed to democratic
governance, the construction of public policy, the strengthening and defense of
the human rights of immigrant women, and to raising awareness and strengthening
civil society.

Keywords: Associationism,
Governance, Gender, Migration, COVID-19, Good practices.

Introducción

A menudo, las minorías
sociales más susceptibles de sufrir desprotección social e institucional
carecen de mecanismos para dar visibilidad social a las múltiples vulneraciones
de derechos que viven en su día a día desde sus propios discursos, así como
para incidir sobre la agenda pública con el fin de plasmar sus necesidades en
las políticas públicas, como elemento fundamental para contribuir al cambio
social protagonizado por la ciudadanía en su diversidad. En esta línea, el
presente artículo pretende poner en valor el papel del tercer sector como
herramienta para contribuir a la gobernanza democrática, a la construcción de
las políticas públicas, al fortalecimiento y la defensa de los derechos humanos
de las mujeres inmigrantes y, a la sensibilización y el fortalecimiento de la sociedad
civil.

A través de esta
propuesta investigativa, se hace un análisis a la aportación de la Asociación
Por Ti Mujer, en adelante APTM, desde su línea de investigación e incidencia
social como ejemplo de buenas prácticas de gobernanza. La APTM es una entidad
sin ánimo de lucro, que trabaja desde el año 2009 en la ciudad de Valencia
(España) y su área metropolitana y en Colombia, con el fin de combatir las
causas estructurales que restringen y/o afectan al ejercicio de la ciudadanía
de las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género y/o en riesgo de
exclusión psicosocial desde un enfoque de género, intercultural e
interseccional y basado en Derechos Humanos. Para ello, se parte de los
resultados del estudio de caso realizado por la organización en el año 2020 y
plasmado en un informe de incidencia titulado ‘COVID-19: su impacto en las
mujeres inmigrantes en Valencia’. A través de este estudio, se sistematizan las
experiencias vitales y realidades vividas por el colectivo de mujeres
inmigrantes latinoamericanas de la ciudad de Valencia y su área metropolitana[1],
incidiendo en el impacto de la crisis sociosanitaria consecuencia de la COVID-19,
especialmente en lo concerniente a las dimensiones laboral, económica y
emocional.

De esta manera, el artículo
se estructura en diferentes apartados. En primer lugar, se presenta una breve
explicación sobre la metodología utilizada para la construcción del mismo y la elaboración del trabajo de campo en el
informe sobre el que se basa su análisis. Acto seguido, se aborda una
contextualización sociodemográfica sobre la situación de las mujeres
inmigrantes en València y su área metropolitana para englobar la realidad que
posteriormente será analizada. En tercer lugar, se encuentra el marco teórico
sobre el que se sustenta la gobernanza democrática desde el asociacionismo de
las mujeres inmigrantes, luego se expone a modo de discusión, un análisis de
los resultados obtenidos en el informe de incidencia ‘COVID-19: su impacto en las mujeres inmigrantes de la ciudad de Valencia’,
como un ejemplo de buenas prácticas de gobernanza democrática desde el
tercer sector en España. Finalmente, se esbozan las principales conclusiones
obtenidas.

Metodología

Para la elaboración
del presente artículo de investigación hemos utilizado 3 técnicas de
recolección de datos tanto cualitativas como cuantitativas. En primer lugar, la
observación participante ha sido un elemento clave en la construcción del
análisis que se aborda en la presente investigación. La utilización de esta
técnica viene motivada por el particular hecho de haber sido construida por
mujeres investigadoras y profesionales del tercer sector, que realizan día a
día un trabajo de intervención directa y un acompañamiento con el colectivo de
mujeres que constituye el objeto de estudio de este artículo. De esta manera,
de acuerdo con la definición de Corbetta
(2007:326-327), esta implicación cotidiana desde el ámbito profesional, permite
a las autoras construir una visión “desde dentro” de la propia realidad social
investigada, viviendo cómo y con las personas que acontecen su objeto de
estudio, compartiendo su cotidianidad para comprender su cosmovisión sobre el
mundo desde sus propios términos (ibid), lo que
contribuye a dotar, a las conclusiones obtenidas, de rigor y adecuación con la
realidad estudiada. En este sentido, epistemológicamente es importante
proyectar la investigación desde el conocimiento situado (Haraway,
1995), teniendo en cuenta las características subjetivas y contextuales que
rodean la construcción de esta investigación y a sus autoras.

En segundo lugar, el
marco teórico sobre el que se fundamenta el análisis abordado se ha articulado
a partir de una revisión bibliográfica, como se trata de las bases de datos
obtenidas en otras investigaciones enmarcadas en la misma temática o publicadas
por instituciones públicas, a nivel nacional y autonómico de España y la Comunitat Valenciana (comunidad autónoma en la que se sitúa
València dentro del Estado español), así como literatura científica relevante
en la temática. En tercer lugar, y en relación a las fuentes primarias, entre
otros documentos internos de la entidad, esta investigación toma como principal
referencia en el abordaje del apartado de discusión los resultados
cuantitativos obtenidos en el informe de incidencia titulado COVID-19:
su impacto en las mujeres inmigrantes de la ciudad de València,
publicado por la misma en 2020  ante el
fuerte impacto que ha supuesto la crisis sociosanitaria generada por la COVID-19
en las vidas de las mujeres inmigrantes. Así, a través de este informe, desde
Por Ti Mujer se pretende analizar y visibilizar de qué manera se vio afectada
su situación de vulnerabilidad, a nivel socioeconómico y emocional, durante el
confinamiento domiciliario.

Con este fin, se
realizó un total de 170 entrevistas telefónicas semi-estructuradas
a mujeres inmigrantes bajo el criterio de un muestreo no-aleatorio. Todas ellas
provenían de América Latina, en su mayoría a Colombia, Venezuela y Honduras, y
sus edades son las comprendidas entre 19 y 74 años, siendo el rango de edad más
preponderante el formado por las mujeres que tienen desde 40 a 51 años, seguido
de aquellas que tienen entre 29 y 39. El grupo de edad más infrarrepresentado
es el formado por mujeres mayores de 62 años. Tal y como se relata en el
informe, la elección de la técnica de recogida de datos de la investigación
estuvo condicionada por la situación de confinamiento que se impuso en España
desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio de 2020, lapso temporal en el que se
ubica la recogida de datos. La entrevista fue conducida a base de un guion
estructurado de acuerdo a las dimensiones a abordar (situación administrativa,
brecha digital, mercado laboral, salud, situación socioeconómica, vivienda,
protección social y estabilidad emocional), lo que permitió la sistematización
de las respuestas, para su posterior análisis cuantitativo de manera
triangulada con el resto de fuentes de información y
el marco teórico. Asimismo, señala el informe que, aún
cuando el interés del estudio radica en lo experimentado a raíz del surgimiento
de la COVID-19, también se les interrogó acerca de acontecimientos o vivencias
pasadas, pues éstas han condicionado las diferentes adaptaciones a la situación
(ibid).

Género y migración: una aproximación
sociodemográfica al contexto valenciano en España

Durante las últimas décadas, la consolidación
de un nuevo orden socioeconómico en las sociedades contemporáneas ha
incrementado los flujos migratorios a escala global. En 2020, se estima que un
total de 2,5 millones de personas migraron a la Unión Europea desde otros
países no-comunitarios, siendo un total de 23 millones los
ciudadanos y ciudadanas procedentes de otros países no-comunitarios que
entonces residían en Europa (5,1% de la población) (Eurostat, 2020). España es
uno de los principales países europeos receptores de migración dadas las
características geográficas, culturales y de su tejido productivo, entre otros
factores. Como reflejo de ello, en 2020 fue el segundo país europeo después de
Alemania en recibir y tramitar más solicitudes de protección internacional y,
el tercero en recibir más solicitudes de visado para estancias de corta
duración tras Francia y Alemania (ibid).

En el ámbito mundial, España ocupa el décimo puesto
en el ranking de países con más población inmigrante del Atlas de la Población
Mundial (2019) elaborado por G. Pison con 5,9
millones en 2015, lo que lo sitúa por detrás de Australia (6,7 millones) y por
delante de Italia (5,8 millones). Asimismo, cabe resaltar que el total de
población extranjera respecto al total poblacional es de 12,7%, cifra que se
acerca a la de los países que lideran este ranking, como es el caso de Estados
Unidos con 48,2 millones de inmigrantes, aunque esta cifra supone solo un 15,1%
sobre su población total (ibid). De este modo,
mientras que a finales de la década de los 90 la proporción de población
extranjera en el Estado español oscilaba entre el 1 y el 2%, a 1 de enero de
2021, según consta en los datos del Padrón Continuo
obtenido por el Instituto Nacional de Estadística, esta cifra ha aumentado
hasta el 11,45%, lo que refleja el crecimiento progresivo de los flujos
migratorios a nivel nacional.

Actualmente, entre el total de la población
extranjera en España predominan las personas provenientes de países del resto
de Europa (40,1%), Sudamérica (20,7%) y África (22%), siendo un 8,1% sobre la
población española total el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas de
nacionalidad de un país no-comunitario. A nivel general, el último Padrón Contínuo estima que la población extranjera en España está
compuesta en un 51,1% por hombres y en un 49,9% por mujeres, predominando en su
total las personas provenientes de Marruecos, Rumanía y Colombia en su
respectivo orden, y habiendo incrementado su presencia considerablemente
respecto al año anterior los ciudadanos y ciudadanas
de Reino Unido (+6,5%), Colombia (+6,2%) y Honduras (+5,7%).

En cuanto a la Comunidad Valenciana o País
Valenciano, comunidad autónoma en España[2], donde
Por Ti Mujer desarrolla su actividad y marco contextual de la realidad
analizada en el presente artículo de investigación, siempre ha presentado
porcentajes de población extranjera mayores respecto a las medias nacionales
por su atractivo cultural, geográfico y de su tejido productivo para la
población inmigrante. De esta forma, mientras que a finales de la década de los
90 estos porcentajes oscilaron entre un 2 y un 3%, en 2020 se observa que esta
cifra ha alcanzado el 14,92%, en especial en cuanto a la provincia de Alicante,
donde conforma el 19,81% de la población total. A nivel general, se evidencia
que, del total de población extranjera en la Comunidad Valenciana, un 53,8%
proviene de países del resto de Europa, un 17,9% de África y, finalmente, 16,5%
de Sudamérica. Sin embargo, ante las dificultades que encuentran muchas
personas inmigrantes a la hora de empadronarse en el municipio de residencia,
hace falta triangular los datos demográficos enmendados tanto a escala
nacional, autonómica como europea, pues solo contabilizan el porcentaje de
población extranjera empadronada.

A pesar de que el sistema de extranjería
español es uno de los más flexibles de Europa, factor condicionante en la
creciente acogida de población inmigrante, se estima que buena parte de la población
extranjera que reside en el Estado español se encuentra en situación
administrativa irregular y, de este modo, indocumentada, a pesar de la
inexistencia de instrumentos para obtener cifras reales. Según el Informe
jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunidad
Valenciana (2018), en 2015 se estima que el 15,43% del total de población
extranjera que entonces residía en la Comunidad se encontraba indocumentada,
gracias a la obtención de la diferencia del total de extranjeros/eras
empadronadas y con permisos de residencia. Todavía así, los datos siguen siendo
una pequeña aproximación sobre la cifra real.

En este sentido, la dificultad para obtener un
permiso de trabajo y un salario digno para la población migrante hace que,
salvo excepciones, ésta se encuentre en riesgo de alta vulnerabilidad y en una
permanente situación de indefensión a nivel jurídico y social durante todo el
tiempo que dura su proceso de regularización administrativa, el cual suele
durar una media de 5 a 10 años cuando se realiza mediante la solicitud de
arraigo social. Muestra de esto, según el INE, es que la tasa de riesgo de
pobreza o exclusión social en la población no-comunitaria residente en España
es de un 56%, frente a un 23% de la población española en 2018.

Como reflejo de ello, el Diagnóstico social de
la Ciudad de València (2017) esclarece cómo la presencia de población
extranjera ha incidido en la emergencia de nuevos perfiles sociales de
población en riesgo de pobreza o exclusión social. En esta línea, el estudio
correlaciona la presencia de mujeres o personas extranjeras en los hogares con
un mayor riesgo de exclusión social, especialmente en cuanto al riesgo de
pobreza monetaria. Esta situación hace especial referencia a los hogares donde las
mujeres son cabezas de familia, y se encuentran vinculadas de manera precaria
al mercado laboral, característica propia de la situación laboral de un gran
número de mujeres migrantes, las cuales se encuentran mayoritariamente
vinculadas en el sector del trabajo doméstico y de los cuidados. Sobre la
situación social, en términos generales, en la ciudad de València se observa
una intensa desigualdad en los ingresos de los hogares, concluyendo que una
cuarta parte de éstos se encuentra en situación de vulnerabilidad (ibid.).

Paralelamente, la situación de indefensión y
vulnerabilidad impuesta por la condición migratoria, hace, además, que las
mujeres inmigrantes sean triplemente vulnerables ante la violencia de género,
sobre todo por el temor al hecho de que su situación administrativa en España
se pueda ver afectada a consecuencia de la denuncia de los hechos, de la
solicitud de una orden judicial de protección o del final de su relación
matrimonial o de pareja con el maltratador, lo cual, lamentablemente, en muchas
ocasiones acaba para obligarla a guardar silencio y normalizar y convivir con
el maltrato. Así pues, las mujeres inmigrantes -como mujeres y como
inmigrantes- constituyen uno de los colectivos sociales potencialmente más
vulnerables, sobre todo cuando se trata de mujeres en situación administrativa
irregular.

Todas las cifras analizadas tienen como
trasfondo el fenómeno que, por excelencia, ha caracterizado los flujos
migratorios contemporáneos: la feminización de las migraciones y la feminización
de la pobreza (De Haas, Castles
y Miller, 2019; Murguialday, sf). La consolidación
del nuevo modelo de desarrollo socioeconómico globalizado contribuyó, desde la
década de los 60, a la consolidación de los Estados del bienestar y a la
industrialización de los países en el Norte Global. Paralelamente, los países
del Sur Global se han visto cada vez más estratificados socioeconómicamente,
dando lugar a crisis humanitarias y múltiples vulneraciones de derechos
fundamentales. En este escenario, la crisis de cuidados que se generó en el
Norte Global a raíz de la creciente incorporación de las mujeres al mercado
laboral, como necesidad productiva del sistema junto y la ausencia de políticas
públicas de conciliación, especialmente en los Estados del Bienestar de tipo
Mediterráneo[3]
(Esping Andersen, 1993), entre los que se encuentra España, dio lugar a una
demanda de fuerza de trabajo en el sector del hogar y los cuidados que fue
asumida por las mujeres migradas del Sur. Este fenómeno se conoce como “cadenas
globales de cuidados”, definido por Amaia Pérez Orozco como “cadenas de
dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener
cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de
cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar
el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia” (2007:4).

Concretamente en España, según datos del
Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad (sf), la inmigración femenina aumentó en un 417% entre
el año 1991 al 2001 ante las condiciones de bonanza socioeconómica acontecidas
en esa época en el país, cifra que posteriormente se estabilizó con el aumento
de la migración masculina incentivada por otros factores y el impacto de la
crisis financiera de 2008. De otra parte, datos de la Encuesta de Población
Activa del INE de 2020 indican la sobrerrepresentación de mujeres inmigrantes
en los “servicios de restauración, personales, protección y vendedores”
(39,1%)  y “ocupaciones elementales”[4]
(42,9%), frente al de “Directoras y gerentes”, donde las mujeres españolas
suponen un 3,1% y las extranjeras un 0,8%. Sin embargo, tal y como se matiza en
el Informe la COVID-19: su impacto
en las mujeres inmigrantes de la ciudad de València (Asociación
Por Ti Mujer, 2020),  estos datos “sufren
una distorsión relativa a la gran cantidad de mujeres que se encuentran en
situación irregular en España y la Comunitat
Valenciana”, vinculadas al mundo laboral desde la economía sumergida de manera
que, los datos oficiales infrarrepresentan la cantidad de mujeres dedicadas al
cuidado.

Según el informe Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de
desigualdad publicado por Intermón Oxfam (2020) "el valor económico
del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las
mujeres de 15 o más años asciende al menos a 10,8 billones de dólares anuales,
una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología",
lo que equivale a un 14,9% del PIB. Además, España es uno de los países que aún
no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo, lo que
supone que las  condiciones laborales en
este sector tienden a ser abusivas, generando dinámicas discriminatorias que
terminan socavando el bienestar emocional, convirtiéndose en fuente de ansiedad
y estrés, especialmente de aquellas mujeres que se encuentran en una situación
administrativa irregular (Red Acoge, 2017), atravesadas tanto por el sistema de
opresión patriarcal como racista.

Según Oso y Martínez (2008), factores como el
idioma, la cercanía cultural o el estigma de ser “dulces, abnegadas o
pacientes”, hace que las mujeres latinoamericanas sean el perfil de
contratación más demandado en este nicho laboral en España, especialmente en lo
que respecta a las mujeres peruanas. En contraste, “las dominicanas o
colombianas encuentran más dificultades en el acceso, estas últimas por la
vinculación simbólica que las asocia con el narcotráfico y la prostitución”
(Asociación Por Ti Mujer, 2020), de manera que “la mujer inmigrante trabajadora
se enfrenta al prejuicio que la vincula irremediablemente a tareas relativas a
la reproducción social, pues su condición de mujer y de inmigrante le dificulta
sobremanera el acceso a puestos de mayor cualificación, independientemente de
su formación y experiencia previa (OIM, 2015, citado en Asociación Por Ti
Mujer, 2020).

En definitiva, “la estructura social española y
los discursos articulados en torno a la migración, generan una división sexual
y étnica del trabajo que encapsula al colectivo de mujeres inmigrantes en
ocupaciones que, siempre giran en torno a la órbita del cuidado o la limpieza,
sin importar el capital cultural que muchas mujeres detentan” (ibid). El condicionante migratorio es pues un alto factor
de vulnerabilidad que, junto con el género, expone a las mujeres inmigrantes a
sufrir toda una serie de opresiones y violencias desde sus interseccionalidades
(Crenshaw, 2017). Así, tanto el Estado como los
organismos internacionales, a pesar de los múltiples tratados en materia de
derechos humanos de las mujeres y las personas inmigrantes ratificados a nivel
internacional, niegan a este colectivo su posibilidad de ejercer de forma
activa su ciudadanía y de hacer efectivos a sus derechos humanos, desde la
total indefensión jurídica y social en la que se ven inmersas especialmente
cuando su condición administrativa es irregular.

Gobernanza
y Sociedad Civil: aportes desde la Asociación de Mujeres Inmigrantes

La gobernanza implica nuevas formas de
gobernar, sustentada en una cooperación e interacción entre diversos actores
(Peters y Pierre, 1998; Kooiman, 2002; Ingraham y
Lynn, 2004; Mayntz, 2001; Rosenau y Czempiel, 1992). Pasar de una visión unidireccional entre
gobernados y gobernantes, a una bidireccional y multilateral donde los actores
son interdependientes (Aguilar, 2007 y 2010; Prats, 2003; 2004; 2005; Kooiman, 1993; 2003; 2005; Mayntz, 2001; 2003). Este
contexto democrático lleva inmerso un conflictos de
intereses y el establecimiento de relaciones de poder de los diferentes actores
implicados (Castells, 1998), de ahí que sea imprescindible una deliberación e
implicación ciudadana pluralista -de proximidad y conformación de redes
locales- (Blanco y Gomà, 2003; Brugué,
Gomà y Subirats, 2001). En este escenario, la
sociedad civil organizada, destacando a las Asociaciones, podría jugar un rol
importante a la hora de dar respuesta a las demandas societales inmersas en una
realidad diversa, compleja y dinámica.

La APTM viene desarrollando diversos programas
y proyectos con el fin de combatir las causas estructurales que restringen o
afectan al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres inmigrantes, víctimas de
violencia de género y/o en riesgo de exclusión psicosocial, tanto en València y
su área metropolitana como en Colombia. Para ello, la entidad brinda de manera
integral y gratuita una serie de servicios especializados dirigidos a este
colectivo de mujeres, en el caso de talleres y cursos de formación y servicios
de atención directa e individualizada a nivel jurídico, sociolaboral y
psicológico. Todos ellos se proyectan de manera transversal desde un enfoque de
género, intercultural, interseccional y basado en Derechos Humanos.

Desde el
ámbito de la migración, se destaca
la participación e incidencia en otros niveles más allá del contexto local, ya
que la APTM forma parte del Lobby Europeo de Mujeres en España y de la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) y
es representante en España de la European Network of Migrant Women
(ENoWM). Desde el fortalecimiento de una ciudadanía
activa, en este ámbito se distingue también su adhesión al Movimiento #RegularizaciónYa, un movimiento
ciudadano que surge a nivel estatal con la instauración del Estado de Alarma en
marzo de 2020 y, aboga por una “regularización sin condiciones ni exclusiones
para las personas en situación irregular, invisibles ante toda política de
protección social”[5]. Gracias al apoyo de más de 1500 organizaciones de todo el país, este
movimiento ha puesto en el centro del debate social y político la necesidad de
hacer un replanteamiento integral de las políticas sociales y migratorias
(ibid.).

En definitiva, la presencia de la APTM en este
tipo de espacios, favorece la posibilidad de realizar
un trabajo de incidencia social y política mediante el cual poder contribuir a
incorporar en la agenda política las necesidades y problemáticas de las mujeres
inmigrantes, con el fin de que se hagan efectivos sus derechos y el ejercicio
de una ciudadanía activa y comprometida para garantizar una vida libre de
violencias. Como asociación de mujeres, la APTM ha logrado posicionarse en el
escenario político y ha contribuido en los procesos de fortalecimiento de la
gobernanza local, convirtiéndose en ese actor de proximidad al colectivo
migrante, en tanto se constituye no solo en un espacio para canalizar y
resolver algunas demandas específicas, sino más bien, como ese espacio de
participación que ayuda a la consolidación de una sociedad civil más fuerte,
que permite a las mujeres inmigrantes residentes en València, encontrarse,
identificarse y constituir redes, vínculos y alianzas para aumentar su capital
social (Putnam et al, 1993;
Bourdieu, 2006).

Adicionalmente, en esta misma línea, la
Asociación cuenta con una línea de publicaciones[6] en las
que se reflejan y ponen en valor las realidades vividas por sus usuarias desde
sus propios discursos y los procesos de acompañamiento que se les brinda desde
Por Ti Mujer. De esta manera, desde Por Ti Mujer se pretende poner en valor el
papel del tercer sector como herramienta para contribuir a la gobernanza
democrática, la construcción de la política pública, el fortalecimiento y la
defensa de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes en València y
también, la sensibilización y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Específicamente, en el presente texto se incluye el trabajo de campo realizado
por la organización ante el gran impacto ocasionado por la pandemia de la COVID-19,
en el que se sistematiza de qué manera la situación de las mujeres inmigrantes
se ha visto afectada de manera económica, social y emocional.

Finalmente se señala que, cuando se enfrenta ante un fenómeno tan complejo y dinámico, el Estado ya no
debe ser el único actor para resolver las demandas societales; sino más bien,
debe asumir un papel activo de animación, facilitación y coordinación.
Entendiendo que, la gobernanza no implica necesariamente una disminución de los
roles del gobierno (Prats, 2005); sino más bien, un cambio del rol asumido (Kooiman, 2005: 58). Un rol que propenda por la generación
de espacios para la participación y el fortalecimiento de asociaciones
público-privadas (de diversos tipos y alcances) (Mayntz; 2001; Prats, 1996),
comprometiendo no solo las capacidades y los recursos, sino también las
responsabilidades. Con estas líneas de actuación se fomenta la construcción de
una serie de propuestas que fortalecen las políticas públicas, como buena
práctica de incidencia social, para que, desde una proyección local (Robertson, 1993), pueda replicarse desde otros
contextos y lugares.

COVID-19
y vulneración de derechos: un estudio de caso sobre las mujeres inmigrantes en
Valencia (España)

En conexión con la metodología descrita en el
apartado 2 y a modo de discusión, a continuación, se exponen los principales
resultados obtenidos en el análisis de los datos cuantitativos obtenidos por la
Asociación Por Ti Mujer (2020a) a raíz del informe de incidencia ‘COVID-19: su
impacto en las mujeres inmigrantes de la ciudad de València’. El análisis
brinda al lector/ora una visión panorámica acerca de la vulneración de derechos
de las mujeres inmigrantes generada por esta crisis sociosanitaria desde el
estudio de caso realizado por la organización, en el que participaron 170
mujeres de la ciudad de València y su área metropolitana.

Dentro la línea de incidencia e investigación
de la APTM, el informe constituye así un referente de buenas prácticas de
gobernanza desde el asociacionismo y el tercer sector en el ámbito del género y
la migración al dar voz y visibilidad a las realidades vividas por las mujeres
inmigrantes desde sus propios discursos y, plantear una serie de conclusiones y
recomendaciones enfocadas a hacer incidencia sobre la agenda política pública y
promover la sensibilización de la sociedad civil.

Los resultados del estudio han evidenciado un
claro impacto de la COVID-19, no solo en la salud de las mujeres sino en las
dimensiones sociales, económicas y administrativas de su vida cotidiana de
manera transversal, concretamente en lo que respecta al acceso al mercado
laboral, a la vivienda, a la internet y a la salud mental y emocional. Las
situaciones que se describen han agravado una situación de vulnerabilidad que
ya existía y que ha repercutido en el aumento de la precarización de sus vidas,
manifiesta por las múltiples discriminaciones de las que son objeto mujeres y
en específico las mujeres inmigrantes, por razones de género, etnia, clase
social, etc. De hecho, un 75,7% de las mujeres que participaron en el estudio
ya consideran encontrarse en una situación más vulnerable por el hecho de ser
mujer.

Mercado
laboral

En relación al ámbito
laboral, el confinamiento ha afectado con mayor incidencia al colectivo
femenino, relacionado principalmente por la dificultad en la conciliación
familiar, laboral y personal, por el aumento del riesgo a padecer situaciones
de violencia de género y la dificultad de acceso a determinados empleos. Frente
al mercado laboral, se pudo constatar que la gran mayoría de ellas está sin
empleo (76,5%). El 60,6% estaba desempleada antes de la COVID-19 y el 15,9% de
estas mujeres ha perdido su trabajo a causa de la crisis económica sobrevenida
por la pandemia.

Entre tanto, de las mujeres ocupadas, solo el
8,2% está empleada con un contrato de trabajo en regla y, el otro 15,3%
desarrollan su actividad sin un contrato laboral regularizado, con todo lo que
ello implica en términos de cotizaciones, el acceso a subsidios por desempleo,
y en general, el acceso a sus derechos laborales. Así mismo, hay que destacar
que la mayoría de las mujeres que manifestaron estar trabajando (23,5%), lo
hacen a través de un trabajo temporal y en algunos casos, no superan las 10
horas semanales, lo que genera una precariedad laboral y una inestabilidad de
la economía familiar difícil de subsanar.

En concordancia con lo que se refleja en la contextualización
elaborada en el apartado 3, frente a las áreas de trabajo, como es la tendencia
de ocupación de las mujeres inmigrantes en España, las categorías laborales
predominantes son las de limpieza, empleada doméstica a nivel interno, y en
general, empleada del hogar y los cuidados, agrupando a un 80,2% de las mujeres
que participaron en el estudio. En el caso de las mujeres que ejercen el
trabajo de cuidados como internas (22,7%), sus jornadas laborales suelen
exceder las 60 horas semanales, lo que supone una clara vulneración a sus
derechos.

En general, las mujeres presentan unas
precarias condiciones laborales, lo que aumenta su vulnerabilidad. Sus ingresos
resultan ser insuficientes para hacer frente a sus necesidades vitales, tanto
de ellas mismas, como de sus familias que viven en el lugar de destino, como
para sus familias en el país de origen. Como se observa en el Figura 1, el
64,7% de las mujeres encuestadas no recibe ningún tipo de ingresos, y
únicamente el 2,4% percibe entre 801 y 1.100 euros. El porcentaje de mujeres
encuestadas que ingresa más de 1.100 euros al mes representa solamente el 0,6%.
De los ingresos percibidos se destaca que en su
mayoría, están destinados a cuatro categorías, tres relacionadas con el hogar
en destino: alimentación (33,3%), alquiler (29,1%) y pago de suministros y
servicios básicos (19,5%) y una con el hogar en origen, a través del envío de dinero
a sus familias (6,6%), lo que nos demuestra la importancia de las remesas en
las economías de países de origen y destino. Estas situaciones se hacen
evidentes, además, cuando en su percepción el 78,7% de las mujeres que
participaron del estudio, manifiestan tener dificultades para llegar a fin de
mes.

Figura 1

Porcentaje de respuestas de
las entrevistadas ante la pregunta ‘¿Cuáles son tus ingresos en este momento?’

Fuente: elaboración propia

De todos los asuntos relacionados con el empleo
es el área que más preocupa a las mujeres (34,3%), seguido de dos elementos
asociados, como la generación de ingresos para el pago de la vivienda (28,8%) y
la crisis económica ocasionada por la pandemia (20,15%). Por su parte, la
salud, la educación de sus hijas/os y la conciliación familiar y laboral ocupan,
entre sus preocupaciones un lugar rezagado, con un 7,1%, 5,6% y 2,8%,
respectivamente. En este sentido, llama la atención, que pese a que el 34,3% de
las mujeres del estudio presentan una situación administrativa irregular (sin
documentación), solo al 1% de estas mujeres, la condición administrativa
signifique una preocupación, alejando de sus percepciones también de otros
asuntos, educación (2,4%), la salud (2,9%) por la considerable cobertura básica
que tiene el Estado del Bienestar español, a pesar de haber sido clasificado
dentro del Modelo Mediterráneo de acuerdo con el criterio de Esping-Andersen
(1993) y de las restricciones impuestas por la política administrativa de
extranjería. En este sentido, cabe destacar de nuevo que España constituye uno
de los países con una ley de extranjería más laxa.

Acceso
a la vivienda

Tal y como señala la APTM (2020a), las
condiciones de habitabilidad de las viviendas se han configurado como un elemento
crucial a la hora de evaluar el impacto de la COVID-19 en la población, sobre
todo durante el período en que fue decretado el Estado de Alarma. En este
sentido, resalta la ONU (2018, citada en ibid.), un entorno doméstico óptimo
ayuda a prevenir enfermedades y promueve la resiliencia de las comunidades. Por
el contrario, una insuficiencia de suministros y de saneamiento expone a los
convivientes a numerosas enfermedades, entre las que se encuentran las
transmisibles. Otros problemas son desencadenados por la contaminación del
aire, la contaminación acústica, el coste elevado de la calefacción, el amianto
o el hacinamiento que sufren muchos barrios del país (ibid.). El confinamiento
ha reabierto el debate sobre la vivienda, pues se ha puesto de manifiesto la
importancia de ésta a la hora de garantizar una vida plena.

El alto precio de la vivienda en el territorio
español, evidencia que tan solo un 3,6% de las mujeres encuestadas tiene
vivienda propia y su pago constituye una de las principales preocupaciones de
todas ellas (34,3%), como ya se ha señalado en el anterior apartado. La
práctica totalidad de ellas hace uso de la modalidad en alquiler, ya sea
alquilando solo una habitación en un piso compartido (41,7%) o una vivienda
entera para habitarla con el núcleo familiar (50%). Se destaca que el 4,8% de
las mujeres viven en casas de acogida, destinadas por los gobiernos para ser
ocupadas principalmente por víctimas de violencia de género o en riesgo de
exclusión social.

Brecha
digital

Señalaba el ex Relator Especial de las Naciones
Unidas, Frank La Rue, que “Internet es uno de los instrumentos más poderosos
del siglo XXI para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos,
el acceso a la información y facilitar la participación
activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades democráticas”
(APC, 2016). En este aspecto, la APTM (2020c) resaltaba en su campaña de
sensibilización ‘Internet es un derecho’ que tanto la falta de alfabetización
digital y de acceso a la compra y mantenimiento de dispositivos y del servicio
de internet en los colectivos sociales más vulnerables, como se trata de las
mujeres inmigrantes, especialmente cuando se encuentran en una situación de
violencia y en situación administrativa irregular, afecta gravemente al
ejercicio de sus derechos más fundamentales, como el derecho a la información,
la participación, la educación, a un trabajo digno, al ocio y a la cultura o a
la no discriminación, entre muchos otros, por lo que debemos de dejar de considerarlo
un lujo.

Frente al 5,5% de las mujeres encuestadas que
manifestaron presentar dificultades para el acceso a internet, se ha
profundizado en este elemento, debido al papel que ha protagonizado en el
contexto actual. La Internet se ha convertido en un elemento fundamental para
la continuación de una multitud de actividades desarrolladas por la APTM que
anteriormente realizaba de manera presencial, convirtiéndose en un medio para
el ejercicio laboral y formativo. Más allá de estos ámbitos, con la pandemia la
internet se ubicó como uno de los medios de comunicación masiva, de ocio y
entretenimiento para las familias (Asociación Por Ti Mujer, 2020a). Una
herramienta que contribuyó en aminorar la carga emocional que suponía el
confinamiento social y preventivo (ibid).

Sin embargo, para las mujeres inmigrantes este
acceso fue uno de los obstáculos que tuvieron que afrontar; si bien solo el
0,6% de las mujeres encuestadas no tenía ningún tipo de acceso, la mitad de
ellas tenía un acceso limitado. El 43,5% de estas mujeres acceden al servicio a
través de la disposición de datos con su telefonía móvil o recibe la señal de
WIFI por medio de una clave prestada (4,7%); situación que no permite
garantizar el acceso a una Internet estable e ilimitado como el que demanda la
situación de pandemia, quedando al margen de contar con un soporte que permita
descargar contenido digital y multimedia, y en
consecuencia, ahondando la brecha digital. La otra mitad (51,2%), tienen un
contrato con empresas prestadoras de servicios de internet en sus casas.

COVID-19
y salud mental y emocional

El Estado de Alarma y la situación de
confinamiento que llevó implícito, provocaron unas consecuencias negativas en
la salud mental y física de muchas personas. Prácticamente, la totalidad de las
mujeres encuestadas reconocen una afectación en la situación emocional (95,3%).
De la diversidad de alteraciones emocionales manifiestas (ver Figura 2), se
destacan con mayor preponderancia: el trastorno del sueño (68,82%), seguido del
trastorno de ansiedad (61,18%) y el estrés (58,82%). Es de anotar que la
pérdida de sociabilidad, percibida en el 53,18% de las mujeres, está asociada a
los sentimientos de soledad y desamparo. La tristeza y el miedo de forma
aislada pero mayoritariamente simultánea, con un 24,71% y 21,76%,
respectivamente.

Todas estas alteraciones se encuentran
atravesadas por el duelo migratorio que marcan los primeros años de estancia en
la sociedad de acogida de las personas migrantes en su proceso de integración,
al carecer de capital social y de redes de apoyo y de cuidados en la sociedad
de acogida y/o al haber dejado a hijos/as u otros familiares económicamente
dependientes en la sociedad de origen. En este caso, a este duelo debemos de
sumar el impacto emocional generado a raíz de la pandemia y la dificultad
añadida en el acceso a los servicios básicos y, al aumento de la situación de
vulnerabilidad socioeconómica.

Por lo general, los servicios de salud mental
públicos tienen en España una cobertura muy residual. Además, durante la
pandemia se han visto profundamente desbordados, lo que ha afectado a la
calidad y efectividad del servicio, de manera que tanto la población en general
como las minorías sociales más vulnerables, como se trata de las mujeres
inmigrantes participantes en el estudio, especialmente aquellas que en aquel
momento se encontraban en situación administrativa irregular, han tenido un
acceso muy limitado a la intervención y acompañamiento por parte de un o una
profesional. En este sentido, cabe señalar cómo el único recurso al que ha
tenido fácil acceso este colectivo, ha sido a la
intervención psicológica brindada desde el tercer sector, a través de
organizaciones como se trata de Por Ti Mujer.

Figura 2

Porcentaje de respuestas de las entrevistadas ante la pregunta ‘¿A
partir de la COVID-19 has presentado alguna de las siguientes alteraciones?’

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Los procesos migratorios y, en específico, la feminización y la pobreza
asociada a este fenómeno, requiere cambios en las formas tradicionales de
gobernar. Frente a su dinámica y complejidad, es necesario replantear los roles
de los actores presentes en el territorio para dar una respuesta adecuada a las
necesidades y las demandas que les son implícitas. En este contexto, las
Asociaciones de Mujeres Inmigrantes, como parte de la sociedad civil
organizada, se constituyen en un actor importante a la hora de negociar,
definir y consensuar acuerdos que contribuyan en la construcción de las
políticas públicas, en la medida en que sus líneas de actuación no solo busquen
la satisfacción de las necesidades básicas e inmediatas, sino más bien, logren
establecer mecanismos de participación e incidencia política, en distintos
ámbitos y niveles, que permitan el acceso y la garantía de los derechos
humanos.

La deliberación e implicación de diversos actores, además de fortalecer
los procesos de gobernanza, potencializa e incrementa el capital social en el
territorio. Un elemento que cobró especial trascendencia en el contexto de la
actual crisis social, sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19. Es de
anotar que, si bien los datos
demuestran que la pandemia ha tenido una repercusión negativa en toda la
población; es en los colectivos que presentan una situación de mayor
vulnerabilidad, como las mujeres inmigrantes, donde se ha presentado una mayor
incidencia, en especial en lo que respecta al acceso al mercado laboral, la
vivienda, a internet o a la salud mental y emocional. Las situaciones de
desigualdad estructural que hacen parte del contexto, la precariedad de las
condiciones de trabajo y la menor remuneración económica que perciben, asociados
principalmente al área de trabajo donde mayormente desempeñan sus tareas como
son el ámbito del hogar y los cuidados, han sido algunas de las circunstancias
que se han visto agravadas en la vida de las mujeres inmigrantes en general, y
en mayor medida en las mujeres en situación administrativa irregular.

La crisis de la COVID-19
también ha evidenciado la debilidad de los sistemas de protección social,
mostrados incapaces de garantizar las necesidades poblacionales. Las medidas de
reconstrucción que se prevén para salir de la crisis, deben
por tanto, promover acciones integrales, que consideren las situaciones
estructurales que generan la desigualdad, la discriminación y la vulnerabilidad
existente. Esto implica la aceptación, que frente a la
complejidad de los procesos, se hace necesaria la articulación de los diversos
actores, que permitan avanzar en la cohesión, la coordinación, la cooperación y
la integración. El Estado ya no puede ser el único actor en la formulación de
las políticas, sino más bien, debe garantizar la generación de espacios para la
participación y el fortalecimiento del trabajo en red y alianzas con otros
actores, públicos y privados, garantizando no solo la existencia de los
recursos, técnicos y económicos, sino también, el fortalecimiento de las
capacidades y las responsabilidades de otros actores implicados, en los que las
asociaciones, por su proximidad, podrían jugar un papel preponderante.

Referencias

Aguilar, L. (2007).
El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza.
Revista del CLAD Reforma y Democracia. Caracas, Venezuela (39), 1-15.

Aguilar, L. (2010).
Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar. Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. México.

Asociación Por Ti
Mujer (2020a). COVID-19: su impacto en las mujeres inmigrantes de la ciudad de
València. Edición propia. València: España. Disponible en:
https://asociacionportimujer.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe-Covid-PorTiMujer.pdf  [Consultado en diciembre 2021].

(2020b). Violencia
sexual a mujeres inmigrantes del sector de los cuidados. Calala:
Fondo de Mujeres. Edición propia. València: España. Disponible en:
https://asociacionportimujer.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Violencia-Sexual-Mujeres-Inmigrantes-Cuidados.pdf  [Consultado en diciembre 2021].

(2020c). Campaña
‘Internet es un derecho’. Disponible en: https://asociacionportimujer.org/iniciamos-campana-sobre-la-brecha-digital-internetesunderecho/; https://asociacionportimujer.org/inmigracion-y-brecha-digital-desafios-de-la-nueva-normalidad/; https://asociacionportimujer.org/manifiesto-por-la-inclusion-digital/
[Consultados en diciembre 2021]

Blanco, I. y Gomà, R. (2003). Gobiernos locales y redes participativas:
retos e innovaciones. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (26), 73-100.

Bourdieu, P. (2006).
Le capital social. Notes provisoires. In Bevort, A. et al. Le capital social,
Performance, équité et réciprocité.
La Découverte/M.A.U.S.S. 29-34 pp.

Brugué,
Q., Gomà, R. y Subirats, J. (2001), “El gobierno del
territorio: del Estado a la Red”, en Q. Brugué et al.
Redes, territorios y gobierno, Diputación de Barcelona.

Castells, M. (1998).
Hacia el estado red. Globalización económica e instituciones políticas en la
era de la información. Ponencia presentada en el Seminario sobre “Sociedad y
reforma del estado”, organizado por el Ministerio de Administracao
Federal e Reforma Do Estado, República Federativa do Brasil. Sao Paulo, 26-28.

Comisión Europea  (sf). Estadísticas
sobre la migración a Europa. Portal web oficial. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es#cifras-globales-de-la-inmigracin-en-la-sociedad-europea
[Consultado en diciembre 2021]

Corbetta,
P. (2007): Metodología y técnicas de investigación social. McGraw-Hill.

APC (2016). Ending Digital Exclusion: Why the
access divide persists and how to close it. Portal oficial.
Recuperado de: https://www.apc.org/en/pubs/ending-digital-exclusion-why-access-divide-persist
[Consultado en diciembre 2021]

Coffey, C., Espinoza, P., Harvey, R., Lawson,
M., Parvez Butt, A., Piaget, K., & Sarosiy Julie Thekkudan, D. (2020). Tiempo para el
cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. Intermón
Oxfam.

De Haas, H., Castles, S., & Miller, M. J. (2019). The
age of migration: International population movements in the modern world. Bloomsbury Publishing.

Esping Andersen, G.
(1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. València: Ed. Alfons el Magnànim.

Haraway,
D. J. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: la
reinvención de la naturaleza (Vol. 28). Universitat de
València.

Ingraham, P. y Lynn,
L. (2004). The
art of governance: Analyzing management and
administration. Georgetown University Press.

Instituto de las
Mujeres (sf). Áreas temáticas: mujeres inmigrantes.
Portal oficial. Gobierno de España: Ministerio de Igualdad. Disponible en: https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/mujeresMigrantes/home.htm
[Consultado en diciembre 2021].

Kooiman, J. (1993). “Social-Political Governance:
Introduction”, en Kooiman (comp.), Modern Governance: New Government-Society
Interactions, Londres:  Sage Publications.

(2002). Governance. A social-political
perspective. En Participatory Governance. VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 71-96.

(2003). Governing as governance. London:
Sage Publications.

(2005). Gobernar en
Gobernanza. En Cerrillo y Martínez, A. (coord.). La gobernanza hoy: 10
textos de referencia. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (Inap), p. 57-82.

Crenshaw, K. W. (2017). On intersectionality:
Essential writings. The New Press.

Lorente, R. (Dir.) et.al. (2017). Diagnóstico de necesidades sociales en la
ciudad de Valencia. Universitat de València per a la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de
València.

Mayntz, R. (2001). El
Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Revista
del CLAD Reforma y Democracia.
Caracas, Venezuela (21), 7-22.

(2003). New challenges to governance theory.
En. Bang, H (edit). Governance as social and political communication,
Manchester University Press. pp 22-40.

Murguialday, C.
(s.f.). Definición de feminización de la pobreza. Diccionario de Acción
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Instituto Hegoa.
Bilbao: Universidad del País Vasco. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/99
[Consultado en diciembre 2021].

Mora, A. (Dir.) et.al. (2018). Informe jurídico-social sobre la situación
de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana.
Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de
València.

Orozco, A. (2007).
Cadenas globales de cuidados. Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer 30|
(UN-INSTRAW) Disponible en:
http://mueveteporlaigualdad.org/publicaciones/cadenasglobalesdecuidado_orozco.pdf
[Consultado en diciembre 2021].

Oso, L. y Martínez,
M. (2008). Domésticas y cuidadoras: mujeres inmigrantes latinoamericanas y
mercado de trabajo en España. L'Ordinaire des
Amériques [En línea], pp. 143-161. Disponible en: https://journals.openedition.org/orda/3295  [Consultado en diciembre 2021].

Peters, B.G. y
Pierre, J. (1998). Governance without government? Rethinking public
administration. Journal of public administration research and
theory, 8 (2), pp 223-243.

Pison, G. (2019). ¿En qué lugar del
mundo hay más inmigrantes? The Conversation, pp.6. ffhal-02079060f.

Prats, J. (1996) Some Strategic Foundations
for Improving Management and Governance in Sub-Saharan Africa, [paper],
UNDP-MDGD.

Prats, J. (2003). El
concepto y el análisis de la gobernabilidad. Revista instituciones y
desarrollo.  Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya. (14-15).  239-269.

Prats, J. (2004).
Gobernabilidad para el desarrollo. Propuesta de un marco conceptual y
analítico. En Binetti, F. Carrillo-Flórez (Eds.),
¿Democracia con desigualdad? Una mirada de Europa hacia América Latina, Banco
Interamericano de Desarrollo. Comisión Europea, EUA. pp. 3–33

Prats, J. (2005). De
la burocracia al management, del management
a la gobernanza. Las transformaciones de las administraciones públicas de
nuestro tiempo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. pp. 133-143.

Putnam, R., Leonardi, R., y Nanetti, R. Y. (1993). Social capital and institutional
success En: Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, 163 – 181
pp.

Red Acoge (2017).
Echando raíces, echando de menos. Mujeres inmigrantes en España. III Informe de
atención psicosocial a mujeres inmigrantes de Red Acoge. Disponible en:
https://www.redacoge.org/mm/file/Atencio%CC%81n%20Psicosocial%20a%20Mujere
s%20Inmigrantes_v05.pdf [Consultado en diciembre 2021].

Robertson, R. (2003).
Glocalización: tiempo-espacio y
homogeneidad-heterogeneidad. Cansancio del Leviatán: problemas políticos de la
mundialización. Madrid: Trotta. 8481646253.

Rosenau, J. y Czempiel, E. (eds.) (1992) Governance without
Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University
Press.

[1] El Área
metropolitana de Valencia conforma una red urbana organizada en torno a la
costa central de la Comunidad Valenciana, y más concretamente alrededor de la
ciudad principal de Valencia. Se trata de la tercera aglomeración en número de
habitantes de España, con 1.581.057 (2020) de habitantes aunque al no existir
una definición oficial sobre la misma, sí existen distintos estudios cuyos
resultados varían (Más información en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valencia).

[2] Desde 1978, España es un
Estado descentralizado distribuido territorialmente por diferentes Comunidades
Autónomas con cierto grado de competencia y capacidad de autogobierno en
algunas materias, como se trata de sanidad o educación. Cada Comunidad Autónoma
está compuesta por al menos una provincia y una capital de provincia.

[3] Esping Andersen (1993)
clasifica este modelo de Estado del Bienestar a los países que tuvieron un
desarrollo social e industrial más tardío (entre 1970 y 1980), como se trata de
Grecia, Italia, Portugal y España. Se caracteriza porque la familia sea el principal
núcleo proveedor de bienes y servicios a nivel social, con una intervención
subsidiaria del Estado sobre el mercado.

[4] Aquí se incluyen profesiones
que van desde ayudantes de cocina hasta lavadoras de vehículos, limpiadoras y
asistentes de oficinas y hoteles o peones de explotaciones agrícolas o
ganaderas.

[5] Se proponen 13
medidas que interpelan al gobierno, instándole a resolver cuestiones pendientes
como la sistemática desatención o denegación de solicitudes de asilo, la
violencia que es ejercida hacia las y los menores no acompañados o el
deficiente funcionamiento del sistema de atención de extranjería. Para más
información consultar la web oficial del movimiento: https://regularizacionya.com/

[6] Se destaca la publicación de dos
informes: 1. Covid-19: su impacto en las
mujeres inmigrantes de la ciudad de València (Asociación Por Ti Mujer,
2020a), 2. Violencia sexual a mujeres
inmigrantes del sector de los cuidados (ibid, 2020b) o la 3. Campaña ‘Internet es un derecho’
(ibid, 2020c). Más información en la bibliografía.